Mara Jess Olaizola - 29/05/2015
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Operativo Kasper: cuando la cooperacin internacional rinde fruto

En el marco del Summit Antipiratería & Contenidos ttvnews entrevistó a Antonio López, miembro de la Policía Nacional de España, sobre el éxito del operativo Kasper entorno al IPTV ilegal y el rol que deben asumir las autoridades públicas en la lucha contra la piratería.



Antonio López de la Unidad de Investigación Tecnológica de Policía Española fue uno de los oradores que trató el tema del IPTV ilegal en el Summit Antipiratería & Contenidos, realizado el pasado miércoles 16 de agosto en Ciudad de México.

En su presentación, explicó la creciente preocupación que suscitan los delitos realizados a través de internet, puntualmente aquellos relativos al imperio del IPTV ilegal. Prácticas que son vistas con polaridad desde la población y albergan problemáticas culturales y éticas; como sería el caso de la pornografía infantil, los fraudes informáticos y los delitos de odio, además de los daños millonarios a la cultura del entretenimiento.

Procedimientos necesarios

López explicó que para mantenerse a la vanguardia los estados deben implementar estrategias preventivas y reactivas; las primeras de la mano de la tecnología y educación de consumidores, y las segundas abocadas a lo judicial y punitivo.

“Hay que promover tecnología y campañas de concientización eficientes pero debe haber un sustrato legal y un entorno administrativo para que las medidas reactivas puedan funcionar."

Las acciones mencionadas resultan beneficiosas mientras sean aplicadas en conjunto, por lo pronto el input de la prensa y el fenómeno de mass media apunta a hacer que los infractores cuestionen la naturaleza del delito contribuyendo entonces a llegar a un grado de concientización o en su defecto a desarrollar temor a las consecuencias que traiga la vulneración de estos derechos.

Según el experto resulta fundamental para frenar la distribución ilegal de contenidos que los dueños de derechos emitan las denuncias pertinentes.  

"La denuncia es necesaria porque el titular de los derechos es quién sabe que se trata de una distribución ilegal y puede aportar muchos más detalles y documentación – puede decir estos derechos son míos y no de otra persona- y puede evaluar cuánto es el lucro cesante y cuál es el daño que está provocando la actividad de la piratería."

Inicialmente se debe comprobar que la denuncia tenga mérito y luego proceder a estudiar y ampliar la información obtenida, generalmente estas se valen de datos públicos que se deben completar con fuentes restringidas.

López explicó que la información inicial de la denuncia debe ser complementada con inteligencia recabada por la policía y de esta forma poder montar una estrategia integrada que asegure la obtención de pruebas relevantes para presentar a la justicia. De otra manera se corre el riesgo que la red criminal se desarticule provisoriamente para evadir las autoridades, destruyendo evidencia y se rearme en otro lado fuera del alcance las mismas.

El siguiente paso consiste en delinear un esquema de organización que detalle personas y domicilios físicos para obtener pruebas en cuánto se consiga una habilitación judicial. Los registros resultan invaluables para poder suministrar pruebas para las instancias judiciales y deben ejecutarse de manera simultánea, coordinada y sorpresiva.

Case Study Kasper

A mediados de 2015, Policía Española lideró un operativo con la participación de agencias internacionales con el objetivo de desmantelar uno de los mayores distribuidores ilegales de señal en Europa a través de los protocolos de IPTV.

El organismo emprendió acciones luego de recibir una demanda del licenciado de la Premier League (The Football Association Premier League) que denunciaba el uso no autorizado de sus derechos en España. La policía entonces se dedicó a estudiar la organización criminal, realizar un perfil concreto y así apelar a los recursos legales existentes para darle curso al proceso.

“Fue el primer operativo orientado al IPTV en España, se trataba de un conglomerado de empresas que tenían asentada una estructura legal -una explotación legal de conectividad a internet- y que de manera subsidiaria empezaron a distribuir contenidos que estaban protegidos." Para ello contaban con servidores de streaming en Bulgaria y Málaga respectivamente.

Valiéndose de empresas proveedoras de servicios de internet (ISP por su sigla en inglés) distribuían casi mil canales de pago a clientes en su mayoría extranjeros, que no estaban al tanto de los manejos ilegales de la operación. Al usar de fachada un negocio légitimo tenían acceso a una cartera de consumidores envidiable con muy poca competencia para los servicios ofrecidos. Kasper llegaba a ofrecer paquetes con hasta 752 canales de pago. 

El proceso “se inició por una denuncia y la actuación de la policía consistió en primer lugar en establecer todos los perfiles de la red, luego en pedir habilitación judicial y en proceder en los allanamientos para obtener la prueba que en su momento podrá llevar a una sentencia condenatoria y a un resarcimiento de los licenciatarios de los derechos".

Hay que resaltar que además de buscar una sentencia para los infractores, los operativos buscan el cesé de las actividades delictivas. “Actualmente las empresas directamente involucradas están fuera de servicio, nosotros estamos analizando la abundante documentación y preparando los informes para la vista oral, de momento no están prestando este servicio de distribución de contenidos" destacó el responsable de la policía.

La investigación llevó a doce registros simultáneos en España y Bulgaria donde se desmanteló la infraestructura tecnológica y se llevó acabo el arresto de nueve personas, entre ellos el cabecilla responsable del delito, un danés radicado en Málaga. El operativo se realizó con la cooperación de las instituciones Europol, Eurojust y la Fiscalía Especial contra la Criminalidad Informática.  

Previsiones locales

Sobre el proceder de las autoridades mexicanas, el orador exaltó el labor de la policía y la procuraduría general (PGR) por su empeño en erradicar la piratería desde las acciones que están a su alcance. Aun así notó que todavía queda camino por delante. "Sin embargo es absolutamente necesario asegurar el compromiso de las autoridades políticas a un nivel de estado, no se trata únicamente de gobierno. Hay que hacer que las autoridades públicas, los estados protejan la industria del entretenimiento".

Destacó que el consumo de contenidos audiovisuales puede ocupar fácilmente el 20% de la vida cotidiana de cualquier persona y es un bien que hay que cuidar, proteger e incentivar. Hay que darle un mensaje a quienes la maltratan y la manera de este mensaje es que se están jugando la libertad.

Camino a transitar para los países latinoamericanos

El Convenio de Ciberdelincuencia, también llamado Budapest Convention fue el primer trato internacional que buscó contemplar delitos informáticos mediante la homologación de leyes nacionales y constituye el marco legal para el desarrollo de las acciones citadas anteriormente.

Como medida para paliar la creciente brecha de ilegalidad en los ámbitos de internet, Antonio López exhortó a los países latinoamericanos a adherirse al convenio mencionado.

“Hay un instrumento legal magnifico que lamentable no está aún suscrito por algunos países de Latinoamérica. Este Convenio coloca la propiedad intelectual como uno de los bienes que hay que proteger jurídicamente.” Indicó que hay que tomar en cuenta que al no conocer fronteras, el internet tampoco conoce leyes.

“Las leyes deben estar homologadas y aquello que razonablemente está penado en un estado de derecho, debe estar penado en el resto de los estados de derecho. Animaría a los gobiernos de Latinoamérica a que suscribieran el convenio de cibercrimen y que posteriormente homologarán o hicieran efectiva su legislación nacional en este sentido.”

Los artículos 270 y 272 del convenio prevén una pena de prisión de seis meses a cuatro años y resarcimiento económico para quienes perciban beneficios económicos por el uso de derechos que no le pertenecen.

A su vez los participantes deben prestar cooperación internacional de acuerdo a sus posibilidades en investigaciones y procedimientos que impliquen infracciones penales entorno a sistemas informáticos y recolección de datos sensibles. Los organismos de seguridad están obligados a prestar ayuda en los operativos suceptibles de necesitar asistencia conjunta. Desde el ámbito de la legislación se require la implementación de algunos mecanismos procesales entre otras actualizaciones jurídicas.


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