El INCAA se plantea promover un nuevo impuesto a las plataformas OTT, con el objetivo de apoyar a la industria cinematográfica nacional, afectada por el cierre de salas y la suspensión de rodajes por la pandemia de coronavirus.
La pandemia de Covid-19 ha generado un escenario de enorme incertidumbre en el sector audiovisual, con la suspensión de todos los rodajes y el cierre de salas de cine, entre otras consecuencias.
En Argentina, esto ha llevado a que el Fondo de Fomento que financia la producción cinematográfica nacional haya prácticamente desaparecido, ya que se nutre del 10% de las entradas a salas.
Y esta situación provocó que reviviera en el país el debate sobre el cobro de un impuesto a plataformas audiovisuales de streaming, como medida de apoyo a la supervivencia del cine local.
Entrevistado por El Destape Radio, Luis Puenzo, nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) argentino, defendió la necesidad de avanzar con el proyecto de cobrar el «impuesto al cine» a servicios OTT.
«Seguramente la producción de Netflix tenga un impuesto para financiar el cine argentino. Lo estamos trabajando. Tarde o temprano las plataformas como Netflix van a tributar», dijo Puenzo.
En Argentina, las OTT internacionales están gravadas indirectamente desde fines de 2019, cuando entró en vigor la Ley de Solidaridad Económica, que afecta a las compras y consumos realizados en moneda extranjera.
Un nuevo impuesto específico para las plataformas de streaming exigiría una nueva ley y su consiguiente aprobación en el Congreso.
El proyecto, dejó entrever Puenzo, se pondrá sobre la mesa una vez que pase la actual crisis.
Por otra parte, el presidente del INCAA también detalló que se encuentran trabajando en programas de asistencia para la industria audiovisual.
«Estamos trabajando sobre tres medidas. Ya tomamos dos: una son dos ayudas para los dos sindicatos fuertes del cine, los de técnicos y los de actores. También acordamos una ayuda a las obras sociales de los sindicatos de técnicos y actores de 6 millones [de pesos argentinos] para cada uno».